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¿Qué es una cooperativa de ahorro y crédito?

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cooperativa_ahorro_creditoEn nuestro país no sólo los bancos están facultados para recibir los dineros de las personas, otorgar opciones de cuentas de ahorro, créditos y otros productos financieros. Las cooperativas de ahorro y crédito tienen prácticamente los mismos productos y apuntan a un público de menores ingresos.

La Ley General de Cooperativas define a estas entidades, las cooperativas de ahorro y crédito, como las instituciones cooperativas de servicio que “tengan por objeto único y exclusivo brindar servicios de intermediación financiera en beneficio de sus socios”.

Las cooperativas de ahorro y crédito pueden, entre otras acciones, recibir depósitos en dinero por parte de sus socios y de terceros; contraer compromisos financieros con instituciones nacionales y extranjeras; otorgar préstamos de dinero a sus socios, amparados bajo garantías hipotecarias.

Para realizar estas gestiones, las cooperativas de ahorro y crédito deben cumplir con ciertos requisitos señalados con claridad en la ley que las acoge. Estos requisitos son: tener un mínimo de 50 socios, contar con un comité de crédito que ampare las operaciones y tener un patrimonio no inferior a las mil Unidades de Fomento.

A medida que las cooperativas quieren aumentar sus productos en el mercado, y entrar a temas como operar tarjetas de crédito para sus socios, deberán contar con un capital de 400 mil Unidades de Fomento, lo que las dejará automáticamente bajo la fiscalización de la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras.

El panorama actual de las cooperativas de ahorro y crédito no es el mejor, en unos meses se pondrá en marcha la nueva Ley de Cooperativas en donde se establecen ciertas exigencias nuevas a estas organizaciones para que mantengan su estatus en el rubro.

Una de las medidas más complejas para el sector es el ajuste al máximo descuento por planilla, que se empezó a implementar en 2010, donde se bajó un máximo del 40 por ciento de descuento, a un 15 por ciento, en empleados públicos y a un 25 por ciento en el sector privado y Fuerzas Armadas.

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